Jugar con fuego
JOSÉ MIGUEL ALDUNATE Director de Estudios, Observatorio Judicial
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José Miguel Aldunate
Durante años, la Tercera Sala de la Corte Suprema ha seguido una estrategia decidida de acumulación de poder. Un ejemplo claro ocurrió hace cinco años, justo antes del estallido social, cuando la Corte Suprema afirmó que podía revisar las sentencias del Tribunal Constitucional, a pesar de que la Constitución lo prohibía expresamente. Poco después, le llegó el turno al Poder Legislativo. La Corte dictó fallos con efectos generales, una atribución exclusiva del legislador y que los jueces tienen expresamente prohibido ejercer. En el intertanto, innumerables órdenes fueron emitidas al Ejecutivo, indicándole cómo debía ejercer sus funciones privativas.
El mensaje era claro y repetitivo: “Aquí mando yo”. Y detrás de ese mensaje, como todos saben, estaba el ministro Sergio Muñoz.
“Habla muy mal de un juez cuando un sector político lo considera un aliado y el otro un enemigo. Un juez debe ser visto como imparcial, no como instrumento de intereses políticos”.
Pero las decisiones de los jueces son legítimas y vinculantes no por la brillantez de sus argumentos ni porque encarnen una visión ideal de la justicia. Lo son porque aplican la ley, y la ley es el resultado del consenso democrático, el acuerdo social sobre las normas de conducta que todos debemos cumplir. Así de simple.
Cuando un juez se aparta de la ley y decide actuar según su propia interpretación de la justicia, deja de ejercer la función judicial. Sus decisiones ya no representan el consenso democrático legalmente consagrado, sino su visión personal, respaldada quizás por algunos simpatizantes, pero carente de legitimidad. En ese momento, ese juez ha cruzado la línea y se ha convertido en político. Y ese es, precisamente, el caso del ministro Muñoz.
El propio Muñoz veía su rol público de esta manera. Al comentar la acusación constitucional en su contra, afirmó que los diputados que la presentaron “están buscando una vía oblicua para remover a este juez que está fallando en contra, o no está alineado con sus intereses”. ¡Pero los jueces no deben fallar ni en contra ni a favor de ningún interés! Su deber es aplicar la ley de manera imparcial, sin importar a quién perjudique o beneficie.
Habla muy mal de un juez cuando un sector político lo considera un aliado y el otro un enemigo, sin importar el bando. Un juez debe ser visto como imparcial, no como un instrumento de intereses políticos. Ciertamente, a Muñoz no se le acusó por sus fallos, sino por su comportamiento en relación con su hija. Pero no hace falta ver debajo del agua para entender que la vara con la que se midieron sus acciones fue especialmente estricta debido al enorme poder que, de manera indebida, había acumulado sobre sí mismo.
El juez Muñoz no pudo ver que la política es un juego muy distinto al de la justicia, que entrar en política es jugar con fuego. Puede que en ambos haya reglamentos y debate racional, pero las dinámicas son otras. En política, la disputa ideológica no se oculta tras la interpretación de la ley, sino que es un enfrentamiento abierto, marcado por la lucha por el poder y el respaldo popular.
Comparar justicia y política es como equiparar el ajedrez con la lucha libre: uno sigue estrategias calculadas y reglas fijas; el otro se define por la fuerza y la capacidad de adaptarse al caos. El ministro Muñoz, un soberbio ajedrecista, acaba de recibir un puñetazo en plena cara.